La Fundación Centro de Política Mapuche Rakizuam emitió un comunicado repudiando el ataque a la militarización que dispuso el presidente chileno Sebastián Piñera en la Macrozona Sur.
Hugo Alcaman Riffo, presidente de la fundación, explicó a Radioinforme 3 que "el pueblo mapuche en Chile está conformado por 300 mil personas y menos del 1% pertenece a facciones violentas".
Sin embargo, reconoció la necesidad de mayor reconocimiento de los derechos políticos del estado chileno hacia el pueblo mapuche.
"Hay gente joven e idealista que ve acá una causa, muchos de ciudades como Santiago que vienen a defender una causa que ven de forma muy idealizada. También hay delincuentes, se fue mezclando todo", lamentó.
Indicó que Argentina Chile son estado y nación, mientras que el pueblo mapuche se define como "pueblo-nación", es decir, como "un conjunto de personas con un mismo idioma, historia y tradiciones". "Pero no tenemos derecho político como nación", aclaró.
"La comunidad internacional ya reconoció los derechos de los pueblos indígenas en 2007, pero los países firman y no cumplen: deberíamos tener un 30% de representación en el parlamento, porque la Araucanía es un tercio de la población, pero no tenemos ninguna representación en nada", reclamó.
"Tenemos derecho a existir y a ser protagonistas de nuestra historia. No estamos en contra de los países, solo no queremos desaparecer como pueblo", concluyó.
El comunicado completo
Ante los graves acontecimientos de enfrentamientos armados ocurridos en el Wallmapu (macrozona sur) con resultado de muertos y heridos, la Corporación de profesionales mapuche ENAMA declara:
Resulta fundamental, en primer término, exigir una investigación exhaustiva que esclarezca lo ocurrido y pueda determinar las responsabilidades que en derecho correspondan.
De igual manera, las autoridades políticas de todos los sectores, deben hacer un llamado a sus electores para rechazar, categórica y enfáticamente, toda acción de violencia y promuevan instancias democráticas para la reivindicación y consagración de derechos.
Por su parte, los convencionales constituyentes de pueblos originarios, en el marco de sus atribuciones y responsabilidades políticas, hagan un denodado esfuerzo, no solo en la búsqueda de normas que garanticen los derechos de los pueblos indígenas, sino además, promuevan los espacios institucionales, desestimando aquellas vías no pacíficas que generen división o desencuentros.
El rechazo de la violencia debe ser una voz transversal y profunda que permita la cohesión social, transformando los miedos en seguridad y confianza.
Las tibiezas o ambigüedades de los discursos se convierten en catalizador de las inestabilidades, alimentando la desesperanza que finalmente se transforma en odio y destrucción.
Entrevista de Miguel Clariá.
