El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, mediante un decreto presentado ante la Cámara de Diputados de la provincia, vetó en forma parcial el título y los artículos 1°, 3° y 4° de la sanción legislativa N° 3794-J, que establecen la "prohibición del uso de telefonía celular e internet en los establecimientos penitenciarios".
En la resolución se fundamenta que "la presente ley pone en peligro los consensos y objetivos construidos junto al Gobierno nacional y provincial, descuidando y alterando derechos constitucionales y convencionales como el principio de progresividad y no regresividad, por los cuales se debe garantizar el acceso de los ciudadanos a sus derechos esenciales en forma progresiva, sin legislación alguna que cercene esos derechos".
Además, el Ejecutivo provincial consideró que la sanción legislativa resultó "regresiva en materia de acceso derechos humanos básicos, universales e inalienables, utilizando la condición particular de las personas privadas de su libertad a efectos de restringir el ejercicio de derechos, resultando además en la práctica una restricción en la comunicación".
Argumentaron basarse en la Ley Nacional N° 24.460, que "regula lo atinente a personas privadas de libertad, la cual establece que el único derecho del cual pueden ser privadas las personas al estar en situación de prisión preventiva, es el derecho a la libertad ambulatoria, debiendo garantizarse los demás derechos por parte de los Estados Provinciales".
Por su parte, el diputado chaqueño Livio Gutiérrez, quien impulsó el decreto que pretende limitar el uso de celulares e internet en las penitenciarías de la provincia, criticó en La Mesa de Café la medida de Jorge Capitanich y señaló que "la extorsión y el secuestro virtual están a la orden del día desde las penitenciarias".
En ese marco, comentó que "lo que tratábamos de hacer era la colocación de inhibidores de celulares para que el detenido tenga contacto exclusivamente con su familia y con su abogado".
"El Gobernador dice que se puede controlar el uso de los celulares en los centros de detención, lo cual a mi modo de ver no sucede", apuntó. Y amplió: "Tengo videos donde en la penitenciaría de Sáenz Peña se matan a facazos o los presos agarran entre 3 ó 4 detenidos y le pegan a otro, filman la golpiza y le mandan a la familia del detenido golpeado para que les pague una especie de rescate, a los efectos de dejar de golpearlo".
Y culminó: "En las cárceles pasa de todo y no hay un debido control, y con esta ley lo que tratábamos que exista es un debido control de todas estas situaciones".
Por su parte, Rodrigo Ocampo, uno de los diputados que se manifestó en contra de la ley de prohibición del uso de celulares, argumentó que "los tratados internacionales plantean que dentro de los establecimientos penitenciarios hay una serie de garantías que hay que darle a aquellos detenidos, porque están privados de su libertad pero no de todos sus derechos, y uno de ellos puede ser el derecho a la comunicación con su familia".
Entrevista de Miguel Clariá.
