El exdirector de conducta policial expuso las fallas en la búsqueda de oficiales

Tras el escándalo de la Policía de Córdoba, el exdirector de la Dirección General de Control de Conducta Policial, Rodolfo González, recordó cuando presentó un proyecto de reforma estructural para modernizar y transparentar el accionar de la fuerza policial, en respuesta a los casos de corrupción y la falta de controles internos.

En La Mesa de Café, González detalló los objetivos de su iniciativa, que buscaba establecer concursos públicos para los cargos jerárquicos, auditorías patrimoniales y un control exhaustivo sobre los antecedentes de los policías y sus círculos cercanos.

González destacó una investigación iniciada durante su gestión, enfocada en supuestos hechos de corrupción vinculados a miembros de la división de Delitos Económicos, liderada en ese entonces por el comisario Alejandro Mercado.

Según el exdirector, esta causa fue una de las más relevantes que manejó la Dirección General de Control de Conducta Policial, creada poco tiempo antes de los hechos. "Pusimos en conocimiento de todas las instancias judiciales, incluido el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario", afirmó González, subrayando que cada institución debía asumir su responsabilidad en el proceso.

El exfuncionario señaló que la investigación reveló irregularidades que requerían una acción inmediata, pero lamentó que la falta de controles estructurales y la discrecionalidad en los ascensos policiales dificultaban avanzar en la erradicación de la corrupción. "No se puede llegar a jefe, subjefe o director general solo por años de servicio o por designaciones arbitrarias", enfatizó.

El proyecto impulsado por González proponía la creación de la Dirección General de Control de Conducta Policial, una iniciativa que, según él, era "elemental" pero inexistente hasta ese momento en la Policía de Córdoba. La propuesta incluía:

• Concursos públicos para cargos jerárquicos: González abogó por establecer procesos transparentes de selección basados en antecedentes y oposición, similares a los utilizados en policías de países como Finlandia, Noruega, Nueva Zelanda o los Países Bajos, reconocidas por su credibilidad social.

• Auditorías patrimoniales: propuso que los policías en cargos de alta jerarquía presenten declaraciones juradas patrimoniales verificables, que incluyan el análisis del patrimonio antes, durante y después de su gestión. "Es el ABC para generar credibilidad social", afirmó.

• Control de antecedentes: González implementó, durante su gestión, un análisis exhaustivo de los legajos y antecedentes penales y contravencionales de los policías y sus familiares directos, argumentando que "el coco no cae lejos de la palmera". Esta práctica buscaba garantizar la idoneidad de quienes ocupaban cargos clave.

El exdirector destacó que su proyecto fue el primero en la historia de la Policía de Córdoba en proponer un concurso para el cargo de director general, lo que le permitió acceder a su puesto en 2017. Sin embargo, lamentó que la iniciativa no prosperara debido a resistencias políticas y estructurales.

González apuntó a la responsabilidad del poder político en la selección de los cuadros policiales, afirmando que "la política tiene la obligación de elegir a los mejores, los más profesionales y, sobre todo, los menos corruptos". En ese marco, se mostró en desacuerdo con el ministro de Gobierno, Manuel Calvo, sobre la necesidad de controles más estrictos. "No puede ser que un ministro diga que no se controla la vida privada de los policías. Debe haber un control total sobre el patrimonio de quienes ocupan las máximas jerarquías y su círculo íntimo", sostuvo.

El exdirector también cuestionó la relación entre la Policía y algunas fiscalías, donde, según denuncias, se perdieron expedientes de manera llamativa. "No es lógico ni elemental que se pierda un expediente de semejante importancia", expresó, insistiendo en la necesidad de una rendición de cuentas en todas las instituciones del sistema de justicia penal.

Consultado sobre si persiste el "autogobierno" en la Policía de Córdoba, González fue categórico: "Por ley, no existe. El jefe de Policía es designado por el Poder Ejecutivo, no necesariamente un comisario general en actividad". Sin embargo, reconoció que las designaciones discrecionales y la falta de concursos perpetúan un sistema opaco que dificulta la profesionalización de la fuerza.

El exfuncionario también reveló que fue pasado a retiro obligatorio cuando comenzó la investigación sobre Delitos Económicos, una causa que el fiscal Gaviria calificó como "armada". González evitó profundizar en responsabilidades específicas, pero subrayó que la Policía depende del Poder Ejecutivo, que debe garantizar el cumplimiento de la ley.

González propuso una reconstrucción desde cero, basada en la transparencia, la rendición de cuentas y el servicio a la ciudadanía. "Nuestro jefe es la sociedad, y debemos rendirle cuentas", afirmó.

Entrevista de Miguel Clariá.