El Gobierno de Mendoza puso en marcha una prueba piloto para que los presos del moderno penal Almafuerte -en Cacheuta- realicen trabajos de manera remunerada.
Ya en su primera gestión el gobernador Alfredo Conejo presentó un proyecto que obligaba a los reclusos a participar de talleres y capacitaciones para acceder a diferentes beneficios y ahora esto se complementa con un programa que les dará la posibilidad de desempeñarse en el ámbito privado como empleados formales.
Lo de ahora se trata de una prueba piloto para que diferentes firmas se establezcan en el predio del moderno complejo penal Almafuerte.
En conferencia de prensa, Cornejo dijo que quieren a los presos trabajando en oficios concretos que luego permitan la resocialización posterior, cuando salgan en libertad, una vez cumplida la condena.
El objetivo es que "puedan trabajar en cosas que realmente a la ciudadanía le hagan falta y le hagan falta al mercado".
"Hay empresas que hacen construcciones livianas, que está ofreciendo poner un taller ahí y pagarles el sueldo a ellos. Hay pinturerías que han preguntado si pueden llevar sus equipamientos y trabajarían allí", detalló.
El gobernador mendocino sostuvo que hay mucha gente trabajando en los talleres, pero no con el sector privado. La propuesta estará destinada a los presos con buena conducta.
En diálogo con La Mesa de Café, Eduardo Orellana, director del Servicio Penitenciario de Mendoza, reconoció que en la provincia ya hay "una prueba piloto", donde empresarios del calzado se instalaron hace varios años en distintas cárceles de la provincia, que luego concentraron en el Complejo Penitenciario San Felipe, "y hoy se comercializa ese calzado en todo el país".
Orellana señaló que la cárcel recientemente estrenada en la provincia -Almafuerte II- tiene capacidad de instalar maquinarias y tecnología, y sostuvo que "hay que cambiar la matriz de enseñanza dentro de las cárceles para que la reinserción sea más alta en posibilidades de aceptación de las empresas".
Comentó que la idea es que las empresas se instalen en dichos espacios, lleven sus capacitadores, enseñen, "se genere otra sinergia con las personas que están dentro y una vez que estas empresas empiecen a producir, observen a estos operarios como posibles ingresantes a la firma cuando recuperen su libertad".
A su vez, aclaró que el Estado paga un porcentaje del sueldo de los reclusos y el otro porcentaje lo paga la empresa, que además recibe otros beneficios, como la gratuidad del alquiler del lugar, la seguridad, entre otras. "Es una propuesta muy interesante para el empresario", agregó.
Además, el Intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti, firmó un convenio con el Servicio Penitenciario Provincial para tener la prioridad a la hora de comprar los productos que van a generar los presos y dicen, le va a generar a la comuna un ahorro de 20 millones de pesos.
"Es un avance importante porque todos queremos que las personas que están privadas de la libertad estén educándose para que el día de mañana puedan reinsertarse laboralmente", expresó Lo Presti.
Los presos van a continuar privados de la libertad hasta que cumplan su condena, pero van a tener la posibilidad de tener de este modo un trabajo que les permita cobrar un sueldo.
Informe de Facundo Dimaría. Entrevista de Miguel Clariá.
