Pensiones por invalidez: en San Rafael encontraron 30 beneficiarios truchos

A mediados del año pasado comenzó una investigación que reveló que unas 30 personas de San Rafael, Mendoza, estaban cobrando de manera irregular la pensión por invalidez.

El escándalo que se desató en el sur provincial involucra a gestores, abogados, médicos y personal del Hospital Teodoro Schestakow de San Rafael, además de los beneficiarios a quienes no les correspondía acceder a este beneficio.

En este marco, ya se dictó prisión preventiva para quienes tramitaban estos permisos y quedaron detenidas dos cabecillas de esta banda: Norma Beatriz Bravo y Claudia Silvia Bustos. Además de otros procesamientos sin prisión preventiva.

Al respecto, la vicegobernadora mendocina, Hebe Casado, dijo en La Mesa de Café que estos casos son consecuencia de “una política de estado del kirchnerismo, que tenía punteros en cada pueblo haciendo este tipo de trámites”.

Casado, quien también es médica, reveló que en más de una oportunidad se encontró con pacientes que le pedían que firmara estos certificados cuando no presentaban ninguna discapacidad. “Yo obviamente que en mi caso no lo hacía, y se enojaban”, recordó.

“Encontraron en San Rafael la forma de burlar el certificado médico y había una asociación ilícita que duplicaba sellos médicos para hacer los certificados y así realizar el trámite en ANSES y tenían todo el circuito totalmente aceitado para hacer ese tipo de trámite de incapacidad”, advirtió Casado.

La vicegobernadora indicó que los médicos que figuraban en los certificados pudieron probar que la firma no era de ellos y que no estaban involucrados en las maniobras. “Los cabecillas usaron sus matrículas y sus nombres para los sellos falsos”, planteó.

La Agencia Nacional de Discapacidad estima que en la Argentina habría unas 800.000 personas que están cobrando pensiones por discapacidad sin serlo. “El número asusta y lo más triste es que hay un montón de gente que tiene algún nivel de discapacidad y que no recibe ningún tipo de ayuda y que obviamente le cuesta un montón lograr algún tipo de beneficio o hacer algún tipo de trámite”, reflexionó Casado.

“Es una situación bastante injusta para aquellos que sí padecen alguna patología, para aquellos que sí tienen una incapacidad y que no pueden lograr los beneficios que les corresponden”, planteó.

Casos como estos de San Rafael se propagan por todo el país. Cabe recordar que las pensiones por invalidez son entregadas y procesadas por ANSES. “La provincia se presentó como querellante y denunció esto y obviamente las sacó de la plantilla las empleadas que participaron de estas asociaciones”, indicó.

Entrevista de Miguel Clariá