El exdirector del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC), Juan María Bouvier, está imputado y a la espera de juicio por presunta corrupción interna. La investigación del fiscal Enrique Gavier reveló un panorama alarmante de irregularidades y posibles delitos dentro del sistema penitenciario.
Según Gavier, se han encontrado "suficientes elementos de prueba" que acreditan la existencia de una "asociación ilícita" entre funcionarios jerárquicos del SPC. Entre los imputados se encuentran Silvia Guadalupe Barbero (pareja de Bouvier), Darío José Tello Pajón, Víctor Hugo Vivas, Diego Martín Ayala y Héctor Hugo Robledo.
"La imputación es por distintos delitos que se les atribuye. Común a ellos es el de asociación ilícita que vienen a sumarse a las cuatro personas o funcionarios jerárquicos del SPC que a través de otras resoluciones dictadas ya por la Instrucción se adoptó con anterioridad. Me estoy refiriendo a las decisiones de Sergio Alejandro Guzmán y la cúpula del establecimiento penitenciario de Villa María", explicó Gavier en diálogo con Radioinforme 3.
Y añadió: "La decisión que se ha adoptado es el dictado de la prisión preventiva de estas personas ya que se han encontrado suficientes elementos de prueba que acreditan la participación que se les atribuye y la existencia de los hechos".
Según la causa, hay evidencia documental y testimonial que confirma la existencia de un "tarifario", un sistema ilegal para el ingreso de celulares, drogas y armas a las prisiones. Además, se ha descubierto que los jefes o representantes de los pabellones carcelarios obtenían sus puestos mediante el pago de una tarifa al jefe o a la seguridad del establecimiento.
"La investigación no está concluida, pero sí se han hallado elementos de prueba suficientes que permiten afirmar que los hechos han existido y que los imputados son los partícipes de los mismos", sostuvo Gavier.
Gavier también afirma que Bouvier tenía conocimiento total sobre lo que sucedía en las cárceles durante sus 15 años al frente del servicio. Incluso después de su detención e intervención en el sistema penitenciario hace seis meses, Bouvier continuó recibiendo visitas irregulares y disfrutando privilegios indebidos.
"El tarifario ha existido, hay numerosos elementos sólidos, documentales, testimoniales que así lo acreditan, desafortunadamente y para zozobra de todos los cordobeses. También se ha acreditado con grado suficiente la existencia de una asociación criminal integrada por funcionarios del SP que desde sus puestos jerárquicos dentro de la institución se habían asociado para beneficiarse y beneficiar a los que se plegaban a esta asociación", explicó Gavier.
"Vale decir que descuidando los deberes que les imponía la ley y los mandatos confiados por la sociedad, hacían propio los beneficios de sus prerrogativas personales para obtener beneficios económicos para ellos y los suyos, quienes se plegaban a los designios de quien está acusado como el jefe máximo de esta asociación criminal, que es el señor ex jefe del servicio penitenciario Juan María Bouvier", agregó.
Gavier sostuvo que este nivel continuado de corrupción es resultado no solo de la actuación de Bouvier, sino también de la "inercia" y el mal uso del poder disciplinario por parte de las autoridades actuales y pasadas del SP. También propuso que Bouvier sea trasladado a una prisión en otra provincia para evitar más irregularidades.
"Este cogobierno de alguna manera los beneficiaba también a los supuestos autores de los delitos que se atribuye o se acusa de lograr una aparente paz carcelaria. Sin embargo, cuando uno analiza detenidamente cuál es esta aparente paz carcelaria que estuvo gozando la provincia a lo largo de los años, se da cuenta que era una suerte de bomba de tiempo que tarde o temprano iba a estallar por cuanto esa paz estaba asegurada. No por la plena vigencia del tratamiento penitenciario que se aplicaba con regularidad, sino por una suerte de cogobierno existente con los propios reclusos", concluyó.
Entrevista de Miguel Clariá y Juan Federico.
