Una acusación gravísima vuelve a sacudir a las cárceles de Córdoba. El director de un módulo, seis guardiacárceles y dos médico del Servicio Penitenciario fueron detenidos este miércoles acusados de torturas seguidas de muerte.
El fiscal José Mana sostiene que el pasado 18 de septiembre, un preso, César Darío Moreno (50), murió en el interior de la cárcel de Bouwer luego de sufrir una salvaje golpiza por parte de un grupo de guardias. Pero no sólo fueron golpes. Luego -se indica en la acusación- Moreno fue atado de pies y manos en una cama y lo mantuvieron así, inmovilizado y sin recibir atención médica, durante 48 horas. Finalmente, se descompensó y murió.
Mana sabe lo que es investigar la peor violencia institucional en las fuerzas de seguridad en Córdoba. En 2020, quedó al frente de la causa por el gatillo fácil policial que se cobró la vida de Valentino Blas Correas en las calles de la ciudad. Con una escena del crimen alterada y una cadena de complicidades para intentar encubrir lo que realmente había sucedido, el fiscal se enfrentó a una de las causas más complejas de los últimos tiempos. Y terminó por trazar una cruda radiografía de lo peor de la Policía de Córdoba en tiempos de democracia.
Ahora, tiene por delante otro desafío grueso. Las cárceles suelen ser universos en los que reina la opacidad. Cuando un preso muere, es el propio Servicio Penitenciario el que debe comunicárselo a la Justicia. Los guardiacárceles tienen el control absoluto de la escena del crimen, de los tiempos y hasta de los testigos.
Pese a todo esto, junto a su equipo de trabajo el fiscal Mana logró reunir un amplio abanico de pruebas, entre algunas filmaciones de cámaras internas, testimonios y, sobre todo, el informe de los forenses.
Cuando el 18 de septiembre pasado la fiscalía se anotició del deceso de Moreno, en una celda de Bouwer, ordenó investigar según dos protocolos internacionales: el de Minnesota (para casos de violencia institucional) y el de Estambul (para episodios de torturas).
Esto supuso que los médicos forenses realizaran una exhaustiva autopsia, buscando con doble lupa las señales de las lesiones corporales. Sucede que en muchos casos, los agentes de las fuerzas de seguridad terminan en convertirse en especialistas en golpear fuerte pero sin dejar marcas visibles, lo que obliga a los peritos a buscar lesiones más profundas.
El informe que llegó de la Morgue Judicial fue impactante: Moreno había sufrido una fortísima golpiza antes de morir. Ya no se trataba de una descompensación natural o un infarto, como rezaba el informe carcelario, sino que las sospechas abrumaban: tortura seguida de muerte.
En silencio, la fiscalía buscó y recopiló toda clase de pruebas e indicios. Y este miércoles, se ordenaron las detenciones. Fueron imputados y capturados el actual jefe del Módulo MD1 de esa cárcel, dos médicos y seis guardiacárceles. Nueve funcionarios, en total, que quedaron tras las rejas bajo una imputación que, en caso de avanzar, tiene una sola pena posible: la prisión perpetua.
Nicolás Torres, secretario de la fiscalía a cargo del fiscal José Mana dijo a Radioinforme 3 que el preso "no habría recibido la correcta atención médica en ese contexto de colocación de medidas de sujeción mecánica, es decir, inmovilizado en una camisa del servicio médico".
"Estaba con las colocaciones de esas medidas de sujeción, no solamente por los informes que tenemos del autopsia, sino que tenemos otras pruebas documentales, registros fílmicos y demás que acreditan esa situación", agregó.
En la causa se sostiene que Moreno no tenía antecedentes penales ni mucho menos condena alguna. El 14 de septiembre había sido detenido por un incidente en una panadería de Nueva Córdoba. Si bien primero fue trasladado al Establecimiento Penitenciario 9 (ex-UCA), se dispuso que por cuestiones de espacio fuera trasladado a la cárcel de Bouwer, pese a que todavía no estaba resuelto si le iban a dictar la prisión preventiva.
En realidad, Moreno no era un delincuente, sino alguien que se mostraba alterado, presumiblemente a causa de un brote psicótico. Más que la cárcel, su destino debió haber sido un centro de salud preparado para patologías mentales.
Apenas ingresó en ese penal, el 16 de septiembre, Moreno habría tenido un altercado con un guardia, momento en que fue reducido y golpeado por otros efectivos del Servicio Penitenciario, siempre según se indica en la hipótesis de la fiscalía.
"Estaba imputado de lesiones leves, daño, resistencia a la autoridad. Era una persona que estaba procesada, no tenía condena, no tenía antecedentes penales y había ingresado, hacía solo cuatro días, al servicio penitenciario. Primero había estado en el establecimiento penitenciario N°9, la que es conocida como la UCA, y a partir del día 16 había sido trasladado al complejo carcelario N°1 de Bouwer, que es donde comienza la investigación nuestra", agregó el secretario del fiscal.
Tras esta presunta golpiza, en lugar de recibir atención médica, Moreno fue esposado de pies y manos a una cama y dejado en una celda aislado. Así permaneció al menos 48 horas, hasta que murió el 18 de septiembre.
La investigación se agrega a una serie de causas que se instruyen en Tribunales 2 y que tienen al Servicio Penitenciario como epicentro de una variada gama de delitos. En diciembre pasado, quien durante 15 años había sido el hombre fuerte de toda la estructura carcelaria de Córdoba, Juan María Bouvier (avalado por diversos ministerios) fue detenido por orden del fiscal Enrique Gavier, que lo acusó de liderar una presunta asociación ilícita para generar todos tipos de ilícitos en el interior de las cárceles de la provincia.
Desde entonces, el Gobierno ordenó una intervención a cargo del exfiscal federal y exfiscal General Gustavo Vidal Lascano, quien encargó una profunda purga y nombró a nuevos jefes. No obstante, quien estaba a cargo del Módulo MD1 de Bouwer al momento del crimen de Moreno continuó en su cargo hasta que este miércoles fue detenido.
Entrevista de Miguel Clariá. Informe de Juan Federico.
