El Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia de Chaco autorizó el uso de teléfonos celulares, computadoras o tablets a personas que estén detenidas en dependencias y comisarías del Servicio Penitenciario y de Readaptación.
La medida generó polémica porque, entre otras cosas, va en contra a lo establecido por la Ley de Ejecución Penal vigente en el país desde 1997.
Según lo establecido por la resolución provincial N° 676, los aparatos no los brindará el Estado, sino que se trata de dispositivos que están en propiedad de la persona detenida, que deberá declararlos y jurar que la computadora, tablet o celular no fue robado.
La dirigente de la Unión Cívica Radical, Marilyn Canata, se refirió al tema y habló en La Mesa de Café para explicar en qué consiste la normativa y sentar su posición al respecto.
“Esta resolución tiene por objeto de garantizar los derechos de los presos a la comunicación y que, en caso de sufrir algún apremio ilegal por parte de las fuerzas, puedan comunicarse con los responsables de Derechos Humanos de forma inmediata”, declaró la dirigente.
Canata opinó que la medida dictada por el gobierno de Chaco es una “paradoja y una locura” e hizo una comparación entre los derechos que tendrá una persona que está detenida respecto a las garantías que tienen los demás ciudadanos.
“Es una paradoja. Los chaqueños hoy somos partícipes de esta locura que el gobierno de Jorge Capitanich nos impone. Hoy la mayoría de los ciudadanos no tienen garantías mínimas en lo que respecta a derechos humanos, como el acceso a una salud mínima, a tener caminos transitables o que los docentes reciban un sueldo digno, como así también los médicos y enfermeros".
Además, la dirigente por el radicalismo agregó: “En mi provincia hay numerosas escuelas que no tienen forma de comunicarse al no haber teléfonos, televisión por cable ni computadoras para docentes y niños. Pero los presos, que cometieron un delito y están privados de su libertad, sí tienen derechos”, finalizó.
Según la resolución, los dispositivos podrán ser incautados o ser causales de actuaciones administrativas o denuncias penales si los detenidos los utilizan de forma indebida –para amenazas y delitos–.
Chaco, mediante el Ministerio de Seguridad y Justicia, trabajó en el armado de un protocolo para el uso adecuado de celulares, computadoras y tablets. Entre uno de sus puntos, el objetivo es “asegurar el contacto con familiares, el desarrollo educativo y cultural y el acceso a datos respecto a la información procesal” del recluso.
Entrevista de Miguel Clariá.
