Pena de muerte

El nuevo protocolo de uso de armas de fuego por las fuerzas federales ha dejado amplio margen para el debate. Ha ocurrido antes en otros países, la mayoría, que tienen regulaciones similares.

En la discusión de éste, como de cualquier tema, no hay dogmas ni verdades reveladas. Y cada uno tiene derecho a defender sus ideas, argumentarlas y eventualmente llevarlas, con sus representantes en el Congreso, a convertirlas en leyes. Pero como en todo, hay límites.

Se ha asociado el nuevo protocolo al caso Chocobar, el policía ahora sobreseído que disparó contra quien huía después de haber apuñalado a un turista norteamericano para robarlo. La madre del joven asaltante abatido bramó contra lo que denominó pena de muerte. Su argumento, textual, fue: "mi hijo se equivocó, pero no por eso Chocobar tenía que matarlo como un perro, espero lo condenen porque es un asesino"

La justicia ha establecido, aún cuando ella no esté de acuerdo, que Chocobar no es un asesino y el fallo ha dejado polémica en tribunales. Incluso hay fuertes diferencias en el propio oficialismo, como lo expresó Elisa Carrió que calificó de fascista al protocolo que, en todo caso, deberá ajustarse al Código Penal que está por sobre cualquier reglamento policial. Lo que no es opinable, es que antes de que Chocobar entrara en la escena dos maleantes apuñalaron ferozmente a un turista indefenso.

No es fácil para una madre, pero si en ese episodio hay alguien que no deja duda de su instinto criminal, es su hijo. Quien hunde un puñal en el pecho de una persona una docena de veces, no es un pobre chico, es un criminal.

Que se discuta todo. Pero apelar al caso Chocobar sólo sirve para alentar a los que reclaman mano dura: si el turista sobrevivió no fue por la compasión de su agresor, que le aplicó sin piedad la pena de muerte por el delito de caminar distraído por una calle de Buenos Aires.