La crónica del horror anunciado y las respuestas que no nos dan

La trama detrás del crimen de Agostina Vega deja de ser un simple expediente o un número en un archivo. Se trata de la confirmación de una tragedia que pudo haberse evitado: el femicida ya había anunciado su vocación asesina un año antes, en las mismas circunstancias, en la misma casa y en el mismo barrio.

En aquel primer hecho, una joven de 20 años salvó su vida de milagro. Logró escapar desnuda y atada porque el agresor aún no le había sujetado los pies. En la calle, un alma caritativa le dio una remera y llamó a las autoridades. La policía detuvo al atacante y la fiscalía lo imputó por privación ilegítima de la libertad. Sin embargo, el acusado pasó apenas 20 días en la cárcel de Bouwer y recuperó la libertad tras pagar una fianza de 5 millones de pesos, regresando a la misma vivienda donde ahora logró completar el horror.

Durante un año completo, la imputación del agresor no se definió. En la práctica judicial, este simple transcurrir del tiempo permite que un depredador identificado y detenido quede libre sin que se le dé aviso a su víctima anterior, dándole la oportunidad de salir a cazar de nuevo.

Hasta el momento, el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Córdoba no ha considerado necesario brindar una explicación comprensible para la sociedad sobre los motivos de esta liberación. Este silencio institucional se suma a la falta de respuestas históricas en causas de gran relevancia pública, como la prescripción del crimen de Nora Dalmasso o la investigación de la empleada fantasma en la Legislatura provincial.

Además de los beneficios procesales, el acusado contaba con una red de protección estatal. El hombre se desempeñaba como empleado municipal, un puesto al que ingresó por la política y donde se lo resguardaba.

Su condición de protegido político era tal que ni siquiera se controlaba si continuaba cobrando su sueldo estatal mientras se encontraba privado de la libertad. El Estado no solo omitió vigilar al agresor, sino que continuó financiándolo.

Agostina fue asesinada por ser mujer, por ser joven y por ser vulnerable, convertida en un objeto descartable por un femicida que ya había sido expuesto por el propio sistema.

Aunque ninguna respuesta devolverá la vida arrancada a Agostina, resulta urgente determinar quién lo apadrinó en la política, quién le pagó un sueldo municipal, quién omitió controlar su mes de ausencia por estar preso y, fundamentalmente, quién resolvió ponerlo en la calle. Esclarecer estas responsabilidades es la única vía para preservar la vida de otras jóvenes en el futuro.

Por Miguel Clariá.