El juez del Tribunal Oral Federal de Neuquén, Alejandro Cabral, dictó un fallo en el que consideró que la prostitución es un trabajo que debe regularizarse, y manifestó que existe un discurso público que discrimina y criminaliza esta actividad.
En su polémica resolución el magistrado planteó: “¿Qué es más digno, ser trabajadora sexual o trabajar como empleada doméstica, barrendero, limpiador de cloacas, o en trabajos precarizados como los de Glovo, Uber, etc.? Algunos de estos se pagan muy mal y en negro, ¿no es eso explotación?”.
A esta conclusión llegó Cabral durante un juicio en el que un hombre fue acusado de haber prestado colaboración secundaria a otra persona con el fin de prostituir a diez mujeres en el local Anfitrión de Plaza Huincul.
Según la fiscalía, el imputado servía copas detrás de la barra del lugar y desde allí controlaba a las mujeres que trabajaban, otorgándoles una pulsera por cada copa y pase realizado. Luego las llamaba por teléfono para que regresaran al local y les pagaba al finalizar la jornada.
Para el juez, estaba probado que en el sitio “se realizaba copeo” y que eso “no integra de ninguna manera la prostitución” y sostuvo que nunca se acreditó que el imputado se beneficiaba económicamente de la explotación sexual de otra persona y menos aún que se hubiere aprovechado de un estado de vulnerabilidad para ello.
“Me pregunto, ¿en este juicio estamos juzgando la vulnerabilidad de las personas y la capacidad de auto-determinarse, o el tipo de trabajo que realizan? Da la impresión que estamos juzgando el tipo de trabajo. Nadie cuestiona si uno acepta ser empleada doméstica aunque cobre 20 veces menos que la hora de una trabajadora sexual. Tampoco se cuestiona si la persona consigue un trabajo precario que no está legalmente reconocido, porque se justifica ante la falta de trabajo. En ese caso, la voluntad no se encuentra viciada”, aseguró Cabral en la audiencia.
Al respecto Claudia Martínez, ministra de la Mujer de Córdoba, dijo a Radioinforme 3 que el fallo la asombra "por lo obsceno, moralizante y temerario".
"Un juez como este con autoridad patriarcal da garantías al explotador a los consumidores y deja indefensas a las mujeres y las invisibiliza ante la ley", opinó la funcionaria desde Córdoba.
Para Martínez, "lejos de una valoración ética o moral, un juez no puede actuar en contra de los derechos humanos de las mujeres".
"A mí me preocupa porque después de esta exposición pública imagínese que hagamos un allanamiento en Córdoba y qué va a decir una mujer ante eso. No van a querer dar declaraciones porque se van a sentir muy desprotegidas y estos delincuentes las entrenan para que en los allanamientos no digan nada", advirtió.
La ministra aseguró que el "servicio de copeo" funciona como los casos de mulitas o dealer donde se busca la explotación de los cuerpos "hasta que no queda nada, sólo daños físicos, emocionales e irreparables":
La trata es uno de los delitos que produce tantas ganancias como la comercialización de armas y drogas.
"Me parece que como sociedad tenemos que aprovechar este tipo de situaciones para poner en debate y pensar en la educación que le damos a nuestros hijos y que estos debates y demandas tienen que ver con la educación sexual de los varones donde se los invita en un ritual de iniciación a tomar un cuerpo desconocido y muchas veces ni siquiera deseado ese momento", planteó.
"Esto termina siendo una práctica y una pedagogía de crueldad sobre el cuerpo de las mujeres y vemos la explotación como una práctica natural y vemos a una mujer que está copeando y son víctimas de la explotación de sus propios cuerpos", apuntó.
Finalmente subrayó que es un tema que preocupa porque "si bien se avanzó en procedimientos y protocolos para terminar con la explotación sexual de las mujeres, esto deja un mensaje desmoralizante para las mujeres que son víctimas". "Una mujer que es explotada sexualmente imaginen lo que siente ante la resolución de este juez", concluyó.
Entrevista de Miguel Clariá.
