La denominada causa del call center tumbero, que llevó a prisión a miembros de la cúpula de Bomberos, jefes de Policía y del Servicio Penitenciario (SPC), sigue generando repercusiones en Córdoba.
La semana pasada, la Cámara de Acusación avaló la investigación del fiscal Enrique Gavier y, en ese marco, el abogado de Juan María Bouvier (exjefe del SPC), Alejandro Pérez Moreno, pidió convocar como testigos a ministros y jueces que, según él, obstaculizaron la conducción del SPC.
"Estamos trabajando para ir al hueso con cada una de las denuncias", dijo el ministro de Justicia provincial, Julián López, a Radioinforme 3.
También destacó que su compromiso es seguir depurando las fuerzas de seguridad para recuperar "credibilidad". "Siempre que hemos tenido conocimiento de un hecho que puede constituir una falta administrativa o un delito, hicimos las denuncias correspondientes", aseguró.
Pérez Moreno había cuestionado que, durante los 15 años de Bouvier al frente del Servicio Penitenciario, se creó una estructura de corrupción sin que ningún responsable político lo advirtiera. En ese marco, López respondió: "Las fuerzas de seguridad son verticalistas y herméticas, lo que dificulta las investigaciones". También afirmó que la causa comenzó con una denuncia del propio Ministerio de Justicia.
Bouvier, jefe del SPC desde 2008, Víctor Hugo Vivas (subjefe del SPC) y Silvia Guadalupe Barbero (subdirectora general del SPC y pareja de Bouvier) fueron detenidos el 13 de diciembre de 2023 por orden del fiscal Gavier. Entre otros, se les imputa el delito de asociación ilícita.
El ministro también respondió sobre su responsabilidad por haber sostenido a Bouvier en el cargo durante tanto tiempo. "Más que autocrítica, tenemos que trabajar para erradicar estas situaciones. Cuando se quiebra la confianza, es necesario que caiga todo el peso de la ley", sostuvo.
Por otra parte, la situación de las cárceles en Córdoba también es un tema de preocupación. El ministro López reconoció que hay un aumento significativo en la población carcelaria, como un reflejo de las dificultades sociales y el incremento de la delincuencia. "Córdoba es una provincia donde no hay presos en comisaría, lo que permite un mejor cumplimiento de las garantías", indicó.
Al volver a referirse a la corrupción dentro del SPC, dijo a Radioinforme 3 que "la depuración de esta fuerza llevará tiempo": "Estamos generando canales de control y protocolos que reduzcan la discrecionalidad en la toma de decisiones".
A pesar de los distintos escándalos que sacudieron a la fuerza policial, el funcionario afirmó que la mayoría de los penitenciarios son trabajadores honestos. "Es injusto extender las sospechas a todos. En Córdoba, quien delinque, sin importar su rango, enfrenta el peso de la ley", sostuvo.
"Desde que se tomó la decisión de poner a un civil al frente del SPC, hemos secuestrado más de 1.600 teléfonos y casi 40 kilos de marihuana", concluyó López.
Entrevista de Miguel Clariá.
