El juez de control Agustín Cafferata imputó este lunes al fiscal de lucha contra el narcotráfico de Cosquín, Raúl Ramírez, en una causa que investiga la desaparición y el robo de drogas secuestradas por la Fuerza Policial Antinarcotráfico.
De esta forma, Ramírez se suma a un grupo de siete policías y tres civiles ya imputados en el mismo caso.
El fiscal Juan Pablo Klinger había solicitado la investigación, lo que generó dudas sobre el avance del Poder Judicial en este asunto, dado que se trata de un fiscal.
Las acusaciones contra Ramírez son graves e incluyen el encubrimiento, omisión y abuso de autoridad, ya que se le imputa estar al tanto de los robos de drogas y no haber denunciado la situación.
Las repercusiones de esta causa continúan en el Valle de Punilla, donde la noticia generó gran impacto.
Semanas atrás, Klinger detonó un verdadero narcoescándalo en la provincia, al ordenar la detención de siete policías de la FPA: el jefe de la brigada en Cruz del Eje, Néstor Márquez, y los agentes Diego Bertino, Sergio Ruiz, Eduardo Ruiz, Luis Benavídez e Isidro Rivero, todos de la misma delegación, y Raúl Moreno, quien ahora prestaba servicios en Deán Funes. La figura penal que los engloba es la de asociación ilícita.
La investigación nació a fines del año pasado luego de que la propia FPA detectara un faltante de más de 300 gramos de cocaína cuando se realizó un inventario de lo secuestrado en sus dependencias.
Según se corroboró, faltaban tres secuestros de estupefacientes que estaban bajo la supervisión de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico: en total, 357 gramos de cocaína y 158 gramos de marihuana.
Los diálogos apuntaban a que un grupo de policías antidrogas se habrían complotado para robar droga de los operativos y de esta manera, tener siempre a mano una buena cantidad de gramos blancos para pagarle a los informantes ilegales.
Una modalidad consentida por todos
El abogado Miguel Ortiz Pellegrini, defensor de dos efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) implicados en un caso dijo a Radioinforme 3 que el intercambio de datos por droga era una práctica común en la zona de investigación. "Esto era tan común y tan absolutamente aceptado que muchos de estos rateros iban a la Fiscalía a ofrecerse para dar estos datos y los mismos funcionarios de la fiscalía los derivaban a la policía”, agregó.
El abogado destacó que uno de sus defendidos motivó la investigación al comunicar a su superior la desaparición de drogas secuestradas en la Fiscalía. “La prueba central son los WhatsApp de todo el grupo de investigadores, donde están mensajes que evidencian el intercambio de droga por información”, explicó Ortiz Pellegrini.
Frente a la pregunta sobre si un policía puede alegar desconocimiento de la ley, el abogado respondió: “Ellos lo que están planteando no es que ignoren, sino que esta era la modalidad consentida por todos”. A su juicio, la práctica de canjear droga por datos estaba tan naturalizada que los policías no la consideraban un delito. “Es posible que algún policía sin mucha instrucción crea que está actuando bien cuando su jefe y sus funcionarios judiciales así se lo indican”, concluyó.
En cuanto a la estrategia de defensa, Ortiz Pellegrini aclaró que reconocerán la existencia del delito, pero argumentarán que no hubo dolo en las acciones de sus defendidos.
El abogado también mencionó que los chats entre el fiscal Raúl Ramírez y su secretario revelan que el fiscal se comprometió a resolver la situación de la droga faltante. “Él le transmite que va a resolver el tema, que se quede tranquilo”, indicó Ortiz Pellegrini.
En relación a la cantidad de droga mencionada en la investigación del fiscal Klinger, el abogado aseguró que son las que corresponden y detalló que la investigación se originó por una irregularidad comunicada por uno de sus defendidos, quien alertó sobre la desaparición de secuestros de droga en la Fiscalía.
Informe de Juan Federico. Entrevista de Miguel Clariá.
