La jueza de familia de Rosario, Andrea Mariel Brunetti, ordenó a un centro de salud de esa ciudad que vacune a una beba contra la tuberculosis y la hepatitis B, pese al rechazo de los padres.
Estas vacunas forman parte del calendario oficial y vital en las primeras horas de vida de la pequeña y, debido a que la negativa de la familia ponía en riesgo la salud de la niña, los médicos de la institución solicitaron protección del Poder Judicial de Santa Fe.
Se trata de un planteo que algunas familias realizan con mayor frecuencia desde el inicio de la pandemia por coronavirus y que generó múltiples debates. La resolución judicial de este caso explica que la madre de la beba argumentó que la vacunación implicaría "posibles riesgos para la salud de la niña".
La jueza de familia Andrea Brunetti habló en La Mesa de Café y explicó que la Ley de Vacunación 27.891 establece que el Estado, en sus tres poderes, y la autoridad nacional sanitaria deben garantizar el calendario de vacunación obligatorio que marca cuáles son las vacunas a aplicarse, que son gratuitas. "Ese calendario se basa en sólidos argumentos médicos y tiene como objetivo la protección de la sociedad, es una cuestión de salud pública", señaló la magistrada.
Y añadió: "En nuestro sistema de justicia velamos por los derechos de niños, niñas y adolescentes porque es un deber constitucional. Si existe un plan de vacunación obligatorio y hay opiniones de médicos forenses y personal del sistema judicial, que advierte que no hay excepciones, la vacuna se tiene que aplicar. Se trata de un tema de protección social".
Consultada respecto al derecho de los padres de la niña, Brunetti explicó que esto no se trata de los derechos de los adultos, sino de los derechos de los menores de edad.
"La responsabilidad parental, que antes era la patria potestad, remarca que no se trata de una cuestión de poder sobre los hijos, sino de responsabilidad. Es el conjunto de derechos y deberes que tienen los padres sobre sus hijos menores de edad. Esa responsabilidad parental no es un derecho absoluto. La ley ordena que el Estado debe velar por la tutela, garantía y derechos de los niños, niñas y adolescentes", precisó la jueza.
En la salud pública, se provee mediante la Ley 27.491 la tutela los derechos de la salud y se pone en práctica a través de políticas públicas y de jueces que actúan como garantes. En este caso, el derecho que pudiera tener un adulto cede ante el derecho primordial de los niños, niñas y adolescentes. "El derecho de los adultos cede ante el derecho de los menores", detalló Brunetti en diálogo con Miguel Clariá.
La jueza indicó que este tipo de reclamos de parte de las familias es algo recurrente y que ha sucedido en casos como la vacunación contra el coronavirus, transfusiones de sangre, intervenciones quirúrgicas y otras urgencias.
"Si hubiera un caso particular en el cual la menor no debe ser vacunada porque se pone en riesgo la salud de la persona, es una situación diferente", finalizó.
Entrevista de Miguel Clariá.
