Un conflicto entre un propietario y su inquilino en un lujoso edificio ubicado en el puerto de Santa Fe derivó en una investigación en manos de la Justicia Federal debido al descubrimiento por parte de la Policía de una cueva financiera. Los operativos iniciaron hace dos semanas y quedó detenido un hombre oriundo de la localidad entrerriana de Diamante, que fue funcionario de la Municipalidad de Santa Fe.
El allanamiento tuvo lugar en el edificio Amarras II, a partir de un conflicto entre un inquilino y el propietario del departamento. En el operativo se descubrió una actividad ilícita que llevó a una investigación federal por defraudación y lavado de activos.
En el operativo se secuestraron 45 millones de pesos, 85.000 dólares, 22.000 euros, 23.000 reales, máquinas para contar dinero y varias tarjetas de débito generadas a partir de la falsificación de DNI a personas en condiciones socioeconómicas vulnerables.
Por estas horas, el fiscal federal N°2 Walter Rodríguez formuló una nueva imputación por el delito de falsificación. En diálogo con La Mesa de Café, el fiscal dijo que desde la Justicia de Santa Fe señalaron la existencia de esta suma de dinero desproporcional y que le pidieron cumplir con la obligación de elaborar una serie de protocolos.
"A partir de ello, se encuentra en ese departamento 39 tarjetas de débito de diferentes personas, pero ninguna coincidente con quien en ese momento estaba en el inmueble", explicó Rodríguez.
La persona detenida tiene 40 años y los investigadores tienen la sospecha de que el departamento funcionaba como una base para actividades financieras ilegales. Además, se inició una investigación que involucra a varias personas como posibles cómplices o testaferros.
"Lo que hago es entrevistar a todas las personas que aparecen en las tarjetas de débito y ahí es donde nos encontramos con esta sorpresa. Un denominador común es que las personas no tenían condiciones socioeconómicas para tener acceso a productos financieros", explicó el fiscal en comunicación con Cadena 3.
También dijo que las personas a quienes "le robaron" la identidad manifestaron que la persona imputada por fraude tenía copias de sus DNI. "En principio, las víctimas sospechaban que el estafador se aprovechó de una campaña electoral sin saber de qué partido. Sin embargo, todavía no hay pruebas para confirmar esta versión", indicó. Rodríguez también explicó que las entidades bancarias que abrieron las cuentas fueron engañadas.
"Hubo notoriamente un aprovechamiento del estado de vulnerabilidad social de aquellas personas que fueron contactadas, pero no puedo afirmar que haya alguien que integre algún espacio político con una expectativa electoral", precisó el fiscal.
Y agregó: "La compra y venta de dólares es una de las funciones que ofrecen las llamadas cuevas financieras, pero acá estamos hablando de un delito previsto por el Código Penal en el artículo 310 que es la intermediación financiera no autorizada en lo que refiere a interceder entre la oferta y demanda de un banco".
Hasta ahora, la investigación determinó que el detenido, identificado como Ángel Yamil Benavidez, realizó maniobras con la finalidad de obtener datos personales mediante el engaño. Del total de personas entrevistadas por el fiscal, algunas informaron que no estaban al tanto de que su identidad estaba siendo utilizada para abrir cuentas bancarias.
Entrevista de Miguel Clariá y Matías Arrieta.
