Desde este jueves, rige en Tucumán una ley en contra de motochorros a través de la cual se establecen estrictos operativos de control vial para reducir la cantidad de delitos que se producen con este vehículo como medio u objeto.
En este contexto, Miguel Clariá dialogó con el vicepresidente 1° de la Legislatura y uno de los impulsores de la medida, Gerónimo Vargas Aignasse, quien indicó que el 80% de los delitos se cometen con este tipo de vehículos.
“La normativa lo que prevé, en el marco de emergencia, es tomar la potestad de control del tránsito que estaba en manos del municipio y ponerlo en manos de la Provincia. El Ministerio Público Fiscal ha dispuesto una fiscalía especializada buscando a partir de controles, sacar al infractor de la calle", dijo.
El 70% de motos en el Gran San Miguel circulan en infracción. Hay una falta de control o imposibilidad de controlar.
La normativa ya se encuentra vigente en todo el territorio provincial. Sin embargo, todavía restan algunas cuestiones operativas relativas a los procedimientos viales, como la adhesión por parte de los municipios y las comunas y la asignación de una Unidad Fiscal especializada en motoarrebatos dentro del MPF.
La intención es impedir que el que use la moto, lo haga para eso. Los vamos a salir a buscar. Vamos a estar en todas las calles.
"Hay que concientizar al contraventor a que debe tener los papeles en regla y cumplir con normativas nacionales. También vamos a salir a buscar a los que usaron la moto para robar y matar que se enmascaran para arrasar con los tucumanos. Nosotros con serios problemas en materia de seguridad. Calculan que por cada crimen que se comete, cuatro o cinto no se resuelven”, indicó.
Una de las normativas que más controversias genera es que no se permitirá que dos personas circulen en la misma moto si no son familiares directos. En caso de no serlo, deberán sacar un permiso.
Aignasse señaló que la idea no es impedir al trabajador a que pueda viajar con otra persona en la moto y, para eso, piden que saquen un permiso.
La normativa contempla una serie de excepciones como: familiares de primer grado, casos de fuerza mayor o emergencia. No salimos en busca del que usa la moto como medio de transporte. Le vamos a pedir que simplemente circule con las medidas.
Al ser consultado sobre la posibilidad de que otros funcionarios salgan a declarar la medida como “inconstitucional”, Aignasse indicó que ningún derecho de la Constitución Nacional es absoluto “salvo el de la vida”.
“Nosotros sentimos que hoy la vida de los tucumanos está en riesgo si no regulamos otros derechos. Todos tienen derecho de transitar libremente. Lo único que les pedimos que, a los que no son familiares y que usan la moto, que saquen una autorización”, señaló.
Finalmente, insistió con la intención de ir detrás de los que usen la moto “como vector de delito”.
“A nadie le impedimos que use la moto para trasladarse ni que vayan de a dos. Simplemente les pedimos que obtengan un permiso de rápido acceso. Además, a quienes usan la moto para trabajar, estamos cuidándolos a ellos, al que trabaja, al que estudia, a la familia”, culminó.
Entrevista de Miguel Clariá.
