Naranjitas: Munir Bracco pidió evitar la criminalización de la pobreza

El vocero de la Iglesia de Córdoba, Munir Bracco, expresó reparos frente a la reforma del Código de Convivencia que se discute en la Legislatura provincial y afirmó que la postura institucional quedó plasmada en un comunicado de la Pastoral Social. Según explicó, el documento apunta centralmente a cuestionar “el tiempo, la forma y las consecuencias” del debate en la Legislatura.

Bracco señaló que la Iglesia no desconoce el malestar social existente ni la presencia de abusos, extorsiones y delitos vinculados a algunas prácticas en el espacio público. Aclaró que esa situación está explícitamente reconocida en el comunicado y remarcó que incluso miembros de la Iglesia han sido víctimas de esos hechos. No obstante, subrayó que ese diagnóstico no puede derivar en medidas que generalicen ni habiliten respuestas punitivas amplias.

En ese marco, sostuvo que la preocupación principal está puesta en las personas que realizan tareas informales, como los cuidacoches que no integran cooperativas. Indicó que muchos de ellos viven de esa actividad, son conocidos por los vecinos de los barrios donde trabajan y, en algunos casos, cumplen un rol de cuidado en zonas donde, según afirmó, habría más delitos si no estuvieran presentes. Desde esa perspectiva, planteó el interrogante sobre qué ocurrirá con quienes dependen de ese ingreso si se avanza con restricciones generales.

El vocero eclesiástico insistió en que no se debe “poner a todos en la misma bolsa” y comparó la situación con otros debates legislativos recientes, en los que, según expresó, la existencia de abusos puntuales derivó en decisiones que afectaron derechos de manera más amplia. En ese sentido, consideró que la presencia de personas que extorsionan o maltratan no justifica avanzar “por todo” ni adoptar medidas que impacten también en quienes no incurren en esas conductas.

Bracco afirmó que la elaboración de la norma requiere un proceso de discernimiento y diálogo que involucre a todas las partes. Indicó que el documento de la Iglesia propone un debate “sereno, amplio y plural”, con participación de distintos sectores sociales y políticos, y con el aporte de especialistas que permitan analizar experiencias de otras ciudades y países.

Al referirse al tratamiento legislativo, cuestionó que la reforma se discuta hacia fin de año y consideró que no es el momento adecuado para abordar temas sensibles. Sostuvo que dejar estos debates para los últimos días de diciembre genera desconfianza y reclamó la elaboración de un cronograma legislativo que permita tratarlos con mayor tiempo y profundidad, por ejemplo, a partir del inicio del próximo año.

Finalmente, remarcó que el debate debe contemplar alternativas concretas desde el Estado y la sociedad para quienes hoy subsisten de actividades informales, con propuestas vinculadas al trabajo, la capacitación y la inclusión social. Según afirmó, el objetivo debe ser evitar situaciones de abuso y delito sin criminalizar la pobreza ni excluir a quienes encuentran en esas tareas su único medio de subsistencia.

Entrevista de Miguel Clariá.