Muerte de Jonathan Romo: aliviaron la acusación a los policías involucrados

El caso de Jonathan Oscar Romo, un vecino de 35 años que murió en julio de 2022 tras ser detenido por la Policía de Córdoba en la ciudad de La Falda, sigue generando repercusiones tras la reciente modificación de la acusación contra los efectivos involucrados.

Inicialmente, los oficiales estaban imputados por "homicidio calificado", pero la Cámara de Villa Dolores reformuló la causa a "homicidio culposo", un cambio que reduce significativamente las penas potenciales.

En diálogo con Radioinforme 3, el abogado defensor de los policías, Pedro Despouy, admitió que los agentes no saben cómo aplicar el protocolo para reducir a una persona en crisis, atribuyendo la tragedia a una "co-culpabilidad institucional" por falta de capacitación.

El incidente ocurrió cuando Romo, visiblemente exaltado y con problemas de adicciones según alertaron los vecinos, ingresó a una despensa en La Falda. Una vecina llamó al 911, y los móviles policiales llegaron al lugar.

Según el fiscal Raúl Ramírez, los agentes "se excedieron en sus funciones", al golpear desmedidamente a Romo, quien estaba esposado, tanto en la vía pública como en la comisaría, en la zona de requisa.

Romo falleció poco después en custodia. La autopsia reveló que la muerte se debió a un infarto masivo, influenciado por una intoxicación aguda con cocaína y un síndrome de delirio agitado, aunque no estableció una causa única, descartando el "dolo homicida".

Despouy, al analizar el caso, comparó inicialmente el episodio con el emblemático caso de George Floyd en Estados Unidos en 2020, pero destacó diferencias clave. "La autopsia no determina una causa única de muerte como en el caso Floyd, donde fue asfixia. Acá coadyuvaron varios factores, siendo predominante la presencia de cocaína en sangre que provocó el infarto", explicó.

El abogado subrayó que los policías intentaron calmar a Romo, colocándole una zapatilla bajo la cabeza para evitar autolesiones y realizando maniobras de reanimación cuando entró en shock, acciones que, según él, son "incompatibles con la intención de matar". Testigos, incluidos presos presentes en la comisaría, corroboraron estas maniobras.

El defensor insistió en que la tragedia se originó en la falta de capacitación policial. "Desde el día uno dijimos que los policías no sabían cómo reducir a una persona en un brote psicótico relacionado con adicciones. No conocían el acuerdo reglamentario 1605 de 2019, que establece un protocolo para intervenir en casos de riesgo en salud mental", afirmó Despouy.

Según el abogado, los agentes ignoraban que debían llamar al 107 o trasladar a Romo a un hospital en lugar de a la comisaría. "Si no me enseñan el protocolo ni me evalúan en su aplicación, es muy posible que me equivoque en una situación de riesgo", argumentó.

Despouy insistió en el concepto de "co-culpabilidad institucional", señalando que el Estado es responsable por enviar a los policías a las calles sin la formación adecuada. "No es una omisión personal del policía, sino una deficiencia estructural. El Estado no controla los sistemas de evaluación ni garantiza una capacitación continua", denunció.

Criticó, además, que los exámenes de formación policial se realizaban de manera laxa, incluso por internet, permitiendo que terceros los completaran. "¿Cómo no va a haber responsabilidad institucional si no se evalúa correctamente a los policías?", cuestionó.

El abogado respaldó la decisión de la Cámara de Villa Dolores de reformular la acusación a homicidio culposo, alineándose con su teoría de que no hubo intención de matar. "Actuaron incorrectamente en la reducción y el traslado, pero no quisieron causar la muerte", afirmó. Sin embargo, reconoció la gravedad del hecho: "Perdió la vida una persona, y eso es lo central. Hay que establecer responsabilidades, pero también debatir las fallas institucionales en la formación policial".

Despouy coincidió con la premisa del gobernador Martín Llaryora de que "los buenos son los azules", pero aclaró que no implica impunidad. "La mayoría de los policías son buenos, pero hay malos, y a esos hay que sancionarlos con mayor severidad, como establece la ley penal", señaló.

Entrevista de Miguel Clariá.