Desde Diputados habían prometido en 2020 prorrogar la ley vigente e incluso el presidente Alberto Fernández, hace un mes, se comprometió ante empresarios del sector etanolero de continuar con el régimen vigente.
Se habla de un posible nuevo proyecto de ley que altera el régimen vigente y que puso en alerta a Córdoba y Santa Fe, entre las provincias más involucradas en la industria de los biocombustibles.
El diputado de Hacemos por Córdoba, Carlos Gutiérrez, cuestionó en diálogo con Radioinforme 3 esta demora y reclamó mayor transparencia sobre el nuevo proyecto "que causa más incertidumbre en un sector que genera miles de puestos de trabajo en una economía circular limpia".
Argumentó que la ley vigente, sancionada en 2006 durante el gobierno de Néstor Kirchner, "no necesita cambios" y que Claudio Mossuz, secretario de Industria, tuvo acceso al nuevo proyecto de ley y lo calificó de "nefasto".
"Dijo que parece la cuenta de un almacenero", indicó.
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"Sorprende la demora, siendo que tanto el Gobierno nacional como el de las provincias más afectadas son todos justicialistas,. En Córdoba dependemos de la producción propia, eso es innegociable, porque es el entramado de la vida productiva", manifestó.
La industria del biocombustible posee hoy 54 plantas en 10 provincias, entre ellas, Tucumán, que produce etanol de caña de azúcar, Córdoba, con etanol de maíz y Santa Fe, con biodiesel a base de soja. Entre todas generan más de 300.000 mil empleos directos e indirectos.
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"Se tiene la preocupación de que el aumento de los commodities en el mundo vaya a generar aumento de los combustibles, pero cuando los commodities no aumentaban tampoco bajaba la nafta", acusó el funcionario.
Denunció que existe lobby de las petroleras, de las cuales YPF constituye el 54% del mercado, y negó que el régimen de biocombustibles impacte en el precio de las naftas.
"No cierra la cuenta que con el 10% y el 12% que generan los biocombustibles, seamos los responsables del aumento de la nafta", añadió y subrayó que estas compañías "pueden importar combustible sin pagar impuestos".
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"Al proyecto de Kulfas no terminamos de conocerlo, pero hablaría de un corte del 50 % de biocombustibles más allá del tratamiento diferencial para la caña o el maíz", dijo y agregó: "Es mano libre para las petroleras, que imponen el precio del bioetanol de maíz, porque son dueños del mercado que compra".
El diputado anunció a Cadena 3 que presentarán una alternativa entre los distintos bloques para solicitar una sesión especial donde se discuta la prórroga de la ley.
La industria de los biocombustibles sustituyó importaciones de nafta y gasoil por más de U$S 10.800 millones en el periodo de 2010 a 2019, periodo por el cual el Estado nacional giró divisas por más de U$S 23.000 millones por importaciones de gas oil.
Entrevista de Miguel Clariá.
