Femicidio de Rocío: Patronato del Liberado advirtió la peligrosidad de Baudraco

En medio de un caso que conmocionó a Córdoba, la licenciada Patricia Corvalán, titular del Patronato del Liberado, brindó detalles precisos sobre el seguimiento de Maximiliano Baudraco, condenado con ejecución condicional y luego autor del femicidio de Rocío Gómez en Santa María de Punilla.

Corvalán explicó que el Patronato cumple su rol de supervisión, pero carece de facultades judiciales para imponer medidas o detenciones.

Las medidas impuestas y los incumplimientos

Según la funcionaria, Baudraco tenía varias obligaciones claras:

-Fijar domicilio y no ausentarse sin autorización

-Abstenerse de consumir estupefacientes y bebidas alcohólicas

-Realizar cuatro horas semanales de trabajo en una institución de beneficencia durante un año

-Realizar tratamiento psicoterapéutico por violencia familiar y adicciones

-Finalizar sus estudios básicos

“En la primera oportunidad que se presenta, él dice haber iniciado el tratamiento psicológico… pero no presenta certificación”, detalló Corvalán.

En la segunda presentación, en julio de este año, tampoco presentó certificación alguna. El hombre alegó estar en lista de espera en un dispensario, sin pruebas.

Informes reiterados y silencio judicial

El Patronato informó puntualmente al Juzgado de Ejecución Penal a cargo del juez Moyano Centeno.

“Informamos al juzgado de ejecución penal que interviene en este caso, que no se había presentado”, afirmó la licenciada.

Y agregó: “Nosotros informamos… y bueno, que nosotros sepamos, no sabemos qué medida puede haber tomado el juzgado, al menos no hemos sido notificados”.

"Nosotros informamos a través de un papel... En este caso no hemos recibido respuesta, por eso no puedo afirmar si el juzgado ha tenido algún tipo de intervención. Eso debería responder el juzgado", aseveró.

El rol del Patronato y la frustración institucional

Corvalán insistió en que su organismo pertenece al Poder Ejecutivo (Ministerio de Justicia provincial) y su función principal es supervisar y reportar. No pueden ordenar detenciones ni revocar libertades; eso compete exclusivamente al juez de ejecución.

“Esa es una de las funciones que tenemos, que es el control, la supervisión de las medidas judiciales”, explicó.

La institución supervisa aproximadamente 7000 casos en la provincia, con variaciones diarias. En muchos de ellos, especialmente de violencia de género, el Patronato considera la situación como un “semáforo rojo” y articula con centros de atención a varones.

Sin embargo, en este caso concreto, no hubo retroalimentación del juzgado.

No todo es fracaso: los casos de reinserción exitosa

Corvalán se resistió a generalizar y destacó que no en todos los casos el sistema falla. Recordó historias positivas, como la de un liberado que se recibió de abogado, y subrayó que cuando las personas cumplen las medidas, “ha habido cambios y modificaciones en las personas”, incluso en casos de violencia de género.

Entrevista de Miguel Clariá.