Las asambleas sorpresivas de Intercargo en Aeroparque, que tuvieron lugar este miércoles, generaron una fuerte controversia debido a la situación vivida por más de 2.100 pasajeros, quienes quedaron encerrados en aviones durante más de dos horas y media.
En diálogo con Radioinforme 3, Fernando Soto, director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad, calificó los hechos como “graves” y confirmó que desde el gobierno han presentado una denuncia penal contra miembros de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) por “privación ilegítima de la libertad, extorsión y entorpecimiento del transporte aéreo”.
El funcionario explicó que “las situaciones que se vivieron fueron extremas”, mencionando casos de “ataques de pánico, con gente desvanecida” por el tiempo prolongado en el que permanecieron dentro de los aviones.
Si bien, Soto señaló “los médicos empezaron a atender” a los pasajeros, quienes presentaron síntomas como “sofocamiento, palpitaciones, hipertensión, contracción en embarazadas y crisis de ansiedad”, remarcó que este tipo de acciones no solo vulneran los derechos de los pasajeros, sino que también constituyen un “piquete aéreo”, afirmando que “así como es delito cortar la calle, lo es cortar el tráfico aéreo”.
Respecto a la posibilidad de que la justicia avance, se mostró optimista: “Creemos que no va a haber una desestimación, por lo menos no inmediata, que se va a investigar”. Además, aclaró que “esto no es que pararon el aeropuerto y la gente no pudo salir y volar, que ya de por sí es afectar un servicio esencial”, sino que dejaron a los pasajeros encerrados en los aviones sin la posibilidad de bajar.
"Una cosa es que un empleado del aeropuerto, de cualquiera de los niveles, Intercargo o administrativo o maletero, no trabaje, con lo cual usted no puede subir al avión. Y otra es que lo hagan subir al avión y lo dejen encerrado allí tres horas, realmente allí vulneran su derecho a decir, no quiero estar en este avión, me quiero bajar", planteó.
Soto mencionó que hay personas que han sufrido pérdidas económicas y problemas de salud debido a esta situación, indicando que “hay gente que ha perdido mucho dinero, ha perdido viajes, ha perdido hoteles”.
Finalmente, reiteró que la postura del Ministerio de Seguridad, es avanzar con la denuncia para que "se apliquen sanciones" y que la ministra Patricia Bullrich y el gobierno están decididos a “terminar con esto”. "Un juez tiene que establecer, investigar si eso fue delito”, concluyó.
Entrevista de Miguel Clariá
