El abogado de Kraisman dijo que "no tiene antecedentes delictivos"

La detención del exdirector de Asuntos Comunitarios de la Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Córdoba, robando productos de un supermercado de Córdoba generó estupor y un escándalo.

Guillermo Kraisman está acusado de robo en grado de tentativa, resistencia a la autoridad y amenazas por querer llevarse sin pagar jamón crudo, bondiola, atún y un frasco de cerezas, que fue arrojado a un efectivo policial durante la detención.

En diálogo con Radioinforme 3, el defensor Diego Casado –también concejal capitalino–, aseguró que su cliente "no tiene ningún antecedente computable, ni reiterancias delictivas, por lo menos en la planilla prontarial".

Sin embargo, el abogado reconoció que las conductas morales y éticas son cuestiones que deben ser consideradas, aunque no necesariamente se traduzcan en antecedentes judiciales.

El caso ha generado un amplio debate sobre la idoneidad de Kraisman para ocupar un cargo público, especialmente después de su expulsión como concejal por su propio bloque.

"Guillermo es un dirigente que ha tenido una convocatoria importante, que trabajaba para la gente", defendió Casado, aunque admitió que la política a menudo está marcada por rivalidades que pueden afectar la percepción pública de los funcionarios.

Cabe recordar que el intendente Daniel Passerini decidió apartar a Kraisman de su cargo tras el incidente, mientras se resuelve su situación judicial.

Para Casado, Kraisman "es un dirigente de la seccional 12 que ha tenido una convocatoria importante, que trabajaba para la gente y eso lo ha llevado a ser candidato a Hacemos Unidos por Córdoba hace muchos años atrás, lo ha llevado a ser candidato a concejal por el juecismo con Olga Riutort en 2015". "Tenía un trabajo territorial importante", dijo en cuanto a la trayectoria política de su defendido.

Por último dijo que como abogado, él se regirá por el "principio de inocencia" y que por el momento "no tiene ningún antecedente computable, ni ninguna reiterancia delictiva" por lo que sería "una persona que está apta para ocupar una función".

No obstante, advirtió: "si la situación procesal es negativa, no va a volver nunca a la función pública porque ya hay una decisión tomada".

Entrevista de Miguel Clariá