Discapacidad: Vaca Narvaja advirtió que el ministro de Salud podría ser indagado

El juez federal de Córdoba, Miguel Hugo Vaca Narvaja, advirtió que el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, podría ser citado a indagatoria por el incumplimiento de órdenes judiciales que exigían pagar a prestadores y personas con discapacidad. Señaló que una eventual responsabilidad penal deberá ser evaluada por la Fiscalía.

En diálogo con Radioinforme 3, el magistrado consideró "absolutamente factible" esa posibilidad, que también fue planteada por quienes promovieron el amparo colectivo. "Sí, por supuesto. Puede ser. Es algo absolutamente factible porque así lo ha pedido la parte actora también", respondió ante una consulta sobre una eventual citación al funcionario.

Vaca Narvaja explicó que el amparo comenzó en mayo, frente a la falta de pago de prestaciones y pensiones. En ese proceso dictó una medida cautelar para que se abonaran los montos correspondientes a los prestadores y a las personas afectadas, pero aseguró que la orden no fue cumplida.

Según detalló, la cautelar fue apelada y el recurso se concedió con efecto devolutivo, lo que implicaba que la obligación de cumplirla se mantenía mientras se revisaba la decisión. "Tenía que cumplirse con la medida cautelar, no se cumplió", remarcó.

El juez indicó que, tiempo después, dictó una sentencia que también ordenó al Estado realizar los pagos. Afirmó que esa resolución tampoco fue acatada y que el Gobierno había argumentado problemas con la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y tareas de reorganización administrativa.

En ese sentido, sostuvo que los atrasos de pago acumulaban diez meses y que se trataba de obligaciones previstas presupuestariamente. Rechazó que las tareas de ordenamiento pudieran justificar semejante demora, especialmente por la vulnerabilidad de las personas afectadas.

"No hay una justificación que pueda ser atendida", afirmó, y cuestionó que el paso de los meses no hubiera permitido resolver la situación.

Ante los incumplimientos, explicó que la parte actora pidió dar intervención al fiscal. Las actuaciones fueron remitidas al fiscal federal Carlos Casas Nóblega.

Vaca Narvaja precisó que el Ministerio Público Fiscal deberá revisar las órdenes judiciales, comprobar si fueron debidamente notificadas y determinar si la conducta puede encuadrarse en una figura penal. Si se considera que existe un delito, señaló, se podría avanzar hacia la indagatoria de quienes resulten señalados como responsables. Aclaró que no pretendía anticipar las decisiones de otro organismo.

"Los carriles institucionales uno los tiene que respetar", sostuvo. En ese marco, subrayó que "lo normal en un Estado de derecho es que las resoluciones judiciales sean cumplimentadas".

El magistrado amplió su análisis a las leyes de emergencia en discapacidad y de financiamiento universitario. Afirmó que el incumplimiento de normas sancionadas por el Congreso coloca al país en una situación de "crisis institucional", porque afecta el funcionamiento de un Estado de derecho basado en el respeto a la ley por parte de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

También cuestionó la prolongada interinidad al frente de la Procuración General de la Nación, a cargo de Eduardo Casal. Señaló que la titularidad definitiva llevaba nueve años vacante y calificó ese interinato como el más largo de la historia.

En cuanto a las consecuencias de la falta de pagos, advirtió que las instituciones que atienden a personas con discapacidad atraviesan dificultades extremas para sostener sus servicios. "Están prácticamente al borde de la inanición económica. No pueden atender a estas personas", expresó.

"No estamos acostumbrados a este tipo de actitudes por parte de un gobierno y menos aún con este colectivo tan vulnerable", concluyó.

Entrevista de Miguel Clariá.