Denuncian que el "Hachazo" Villarreal recibió una vivienda social cuando Flores era intendente

En Villa de María del Río Seco, un pueblo del norte cordobés donde “todo el mundo se conoce”, estalló una causa que combina abuso sexual de menores, reducción a la servidumbre y un entramado de poder territorial que durante años funcionó con total impunidad.

La fiscal Analía Cepede ya ordenó la detención de 15 personas y confirmó que son cuatro las víctimas menores. Una de ellas amplió su declaración en Cámara Gesell y se esperan nuevas medidas.

En ese escenario aparece la voz de María Delfina Villarreal, concejala de la UCR, docente de nivel inicial jubilada y vecina de toda la vida. Con tono contenido pero firme, describe lo que vivió el pueblo.

“12 en el poder… tenía injerencia plena en todas las instituciones”

Villarreal no duda al caracterizar el período de Ernesto Ramón Flores, exintendente durante 12 años y hoy legislador provincial en uso de licencia:

“Imagínese, 12 años en el poder… tenía incidencia plena en todas las instituciones del pueblo. Así como seguramente en la policía… está demostrado con el cajoneo de esta denuncia del 2021, también en salud”.

Según la concejala, cuando asumió el nuevo gobierno municipal se encontraron con “tierra arrasada”: “Cero institucionalidad. En el Concejo no existía un libro de actas, archivos, nada”.

Por eso su bloque impulsó de inmediato una auditoría a la gestión saliente. La auditoría ya está en la Municipalidad y en el Tribunal de Cuentas de la Provincia y, según Villarreal, refleja “inconsistencias administrativas” graves.

La vivienda social que fue a un imputado

Uno de los puntos más sensibles es el Plan Provincial Semilla. Llegaron fondos para 30 viviendas. Solo se terminaron 12; 18 quedaron sin construir.

Y una de las adjudicadas fue a José Aníbal "Hachazo" Villarreal, hoy imputado por reducción a la servidumbre y abuso sexual agravado de una menor que había sido entregada a su familia.

“El adjudicatario de una de esas viviendas del Plan Provincial Semilla es el señor José Aníbal Villarreal”, dijo.

La edil recordó que el requisito básico del programa es no ser titular de otra vivienda. Sin embargo, el imputado ocupaba otra casa en el barrio El Mirador, vinculada al entorno de Flores.

Es clara sobre el mecanismo de adjudicación: “Como le llamamos aquí, en el norte, ‘a dedo’. O sea, vení, acá tengo la llave, esta vivienda es para vos”.

Y agregó: “Hay una demanda habitacional impresionante en este pueblo… y esta gente tratando de adjudicarle la vivienda a personas que seguramente no la necesitan”.

El silencio de un pueblo chico

Como maestra de jardín durante décadas, aseguró que nunca se enteró del caso de la niña entregada a la familia Villarreal ni de la denuncia de 2021, que la fiscal ahora investiga por haber sido “cajoneada”.

“Nunca supe el caso… Inclusive ella fue a nuestro jardín con su hijita, la más pequeña, y nunca manifestó nada en absoluto. Todo esto surge por esta niña menor que no vuelve a su casa y que produce la denuncia de esta mamá”, aclaró.

El estallido actual, dijo, duele especialmente porque se corre el riesgo de estigmatizar a todo el pueblo: “Es muy triste y doloroso lo que está pasando… Es muy injusto apuntar a todo un pueblo”.

Un estilo “bien feudal”

La concejala vincula los abusos con un sistema de poder que se extendió a los asesores legislativos de Flores (todos con antecedentes) y a la falta de controles institucionales.

El propio legislador no está imputado en la causa penal, pero su entorno más cercano sí aparece en el centro de las investigaciones.

La fiscal Cepede ya tiene 15 detenidos y no descarta más detenciones tras la ampliación de la Cámara Gesell.

Entrevista de Miguel Clariá.