Delia Ferreyra Rubio: "Lo de CFK no es proscripción, es aplicar el Código Penal"

La condena firme contra la expresidenta y exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública marca un hito en la historia judicial y política argentina. Así lo dijo la extitular de Transparencia Internacional, Delia Ferreyra Rubio.

En diálogo con Radioinforme 3, Ferreyra Rubio destacó que el fallo, confirmado esta semana por la Corte Suprema de Justicia, pone un "límite a la impunidad" y envía un mensaje claro: "Cuando no hay castigo por delitos de corrupción, se alienta a seguir adelante porque no pasa nada".

El proceso, iniciado con denuncias en 2008, culminó en 2022 con una sentencia del Tribunal Oral Federal, ratificada por la Cámara de Casación Penal y finalmente respaldada por la Corte Suprema, que rechazó una queja de la defensa tras denegar un recurso extraordinario.

La pena impuesta a Fernández de Kirchner incluye seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, en línea con lo establecido por el Código Penal para este tipo de delitos. "No hay proscripción, es la aplicación del Código Penal aprobado por el Congreso de la Nación", afirmó Ferreyra Rubio, desmintiendo los argumentos de sectores que denuncian una supuesta persecución política.

La experta en transparencia abordó también una de las principales demandas de la opinión pública: la recuperación de los bienes obtenidos ilícitamente. "En casos de gran corrupción, se logró repatriar activos escondidos en el extranjero, aunque es un proceso largo y complejo", explicó, señalando que los corruptos suelen usar testaferros y cuentas en múltiples países para ocultar el dinero.

En el caso de Cristina Fernández de Kirchner, Ferreyra Rubio indicó que el patrimonio relevado por la Justicia, incluyendo donaciones a sus hijos y activos a nombre de terceros, debe ser investigado en profundidad, especialmente en causas relacionadas como la Ruta del Dinero "K" y Cuadernos, que podrían revelar el destino de los fondos.

Ferreyra Rubio también desestimó los argumentos de quienes buscan recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por una supuesta violación de derechos políticos. "La inhabilitación está prevista en el Código Penal y la exclusión del padrón electoral para condenados con sentencia firme por delitos dolosos es una norma clara", afirmó.

Además, explicó que el Pacto de San José de Costa Rica, invocado por los abogados defensores de la expresidenta, permite a los Estados restringir derechos políticos mediante leyes nacionales, como en este caso. "Todo esto es bla bla bla para confundir a la gente", sentenció.

Entrevista de Miguel Clariá.