Chaco: más del 60% de las pensiones por invalidez no cumplían los requisitos

Las auditorias realizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad revelaron que más del 60% de los beneficiarios en la provincia del Chaco no cumplía con los requisitos necesarios para recibir una pensión no contributiva por invalidez laboral.

El organismo, bajo la dirección de Diego Spagnuolo, está revisando los casos de más de 1.250.000 beneficiarios. Durante los operativos, se convocó a 2.689 beneficiarios, de los cuales 2.344 (87,17%) respondieron al llamado. De ellos, sólo 365 personas (13,58%) cumplieron con los requisitos para mantener la pensión.

Por otro lado, 1.796 beneficiarios (66,79%) no alcanzaron las condiciones necesarias, motivo por el cual perderán el beneficio, según informaron funcionarios del Ministerio de Salud. Además, 345 personas (12,83%) no asistieron a la auditoría, y 183 casos (6,81%) permanecen en revisión médica para una evaluación más detallada.

Carlos Amad, fiscal General federal de Salta quien actualmente subroga la Fiscalía Federal de Chaco, señaló a Radioinforme 3 que cuando comenzaron a trabajar con la hipótesis de las pensiones truchas se dieron cuenta de que estaban "ante una verdadera organización criminal".

Según dijo, durante las investigaciones, hallaron cuadernos con anotaciones que evidencian la manipulación de datos para otorgar beneficios a personas sin ningún tipo de discapacidad.

El fiscal mencionó la implicación de varios funcionarios en este esquema delictivo: "Identificamos a 13 personas que forman parte de la organización criminal, que incluyen al director del hospital, el exdirector del hospital del pueblo, el intendente y su hija, jefa de la oficina de ANSES". La investigación ha permitido abrir casos similares en Salta y Jujuy, donde se están realizando auditorías exhaustivas.

Amad también se refirió a la gravedad de la situación y detalló que la auditoría ha revelado que de las 23.206 pensiones en su jurisdicción, se han identificado miles de casos ilegales, con 700 pensiones fraudulentas en la localidad de Taco Pozo. "Multiplicando el valor de 120.000 pesos que reciben al mes, se habla de mil millones de pesos al año que se desvían", señaló.

Cabe recordar que en 10 años, los beneficios por discapacidad pasaron de 80.000 a 1.100.000. Por lo que Amad comparó la situación con una guerra, afirmando que "parece que Taco Pozo entró en guerra con el pueblo de al lado, y nunca nos enteramos".

Finalmente, el fiscal aseguró que hay medidas en curso para recuperar parte de los fondos desviados: "Ya hay embargos preventivos sobre algunas de las personas imputadas. No creo que se pueda recuperar todo, pero es esencial identificar y juzgar a todos los involucrados para evitar que se repita esta situación".

Entrevista de Miguel Clariá