Buscan implementar el uso de tobilleras electrónicas a detenidos sin condena

Un nuevo proyecto en la Unicameral de Córdoba propone el uso de tobilleras electrónicas para detenidos sin condena. La legisladora de la Unión Cívica Radical, Alejandra Ferrero, destacó en Radioinforme 3 que esta iniciativa busca "saldar una deuda pendiente que teníamos en la justicia" al implementar medidas cautelares como la detención domiciliaria en casos donde no exista peligro de fuga ni entorpecimiento probatorio.

Ferrero señaló que "el 70% casi de la población penitenciaria está en prisión preventiva", lo que refleja una situación de hacinamiento y violación de derechos humanos en las cárceles, que actualmente albergan a 15.000 personas, cuando su capacidad es de 11.000. "Esto viene a hacer justicia y a ratificar otra mirada que no es únicamente punitiva", añadió la legisladora.

El control de quienes porten las tobilleras estará a cargo del Patronato del Liberado, que es quien hoy lleva a cabo ese control y un sistema interdisciplinario de gestión de medidas alternativas, supervisado por el Ministerio Público Fiscal. Ferrero aclaró que "frente a un incumplimiento, automáticamente queda revocada la medida y se vuelve al sistema penitenciario". Además, los detenidos deberán costear el dispositivo, a excepción de personas en situación de vulnerabilidad.

La legisladora también abordó la preocupación por las víctimas de delitos, indicando que "la víctima va a ser informada en una audiencia, va a ser escuchada". Enfatizó que el proyecto se enfoca en aquellos casos donde no existen peligros, como personas mayores, personas con discapacidad, madres embarazadas o quienes no son reincidentes.

Ferrero reconoció que existe una fuerte demanda de seguridad en la sociedad, pero aseguró que "esto no tiene nada que ver con el Servicio Penitenciario donde hoy mueren hacinados, donde en una celda de 10 metros cuadrados hay 12 personas". Aseguró que el objetivo es garantizar condiciones de humanidad y salubridad en las cárceles, permitiendo que quienes estén condenados puedan cumplir condena y que quienes tienen prisión preventiva y no representen un riesgo puedan esperar el cumplimiento de su proceso en el domicilio con un seguimiento.

El proyecto ya ha tomado estado parlamentario y se llevará a comisión para su discusión. Ferrero mencionó que "tiene bastante consenso" pero que se escucharán a los especialistas para mejorar la propuesta y reducir la discrecionalidad.

Entrevista de Miguel Clariá