Una joven de 25 años fue encontrada por la Policía de Córdoba el 18 de septiembre pasado a la vera de la avenida Circunvalación inconsciente, golpeada y con varios cortes.
Estudios médicos revelaron –después– que fue violada y que, durante el ataque, le fracturaron la pelvis y mutilaron su lengua al arrancarle un piercing.
Carlos González Quintana, abogado de la víctima, informó a Radioinforme 3 que se trató de una violación grupal.
"Desde 2018 que se dio el primer hecho, se empezaron a formular denuncias por la primera violación grupal en una fiesta entre amigos. Llamativamente, la Justicia no investigó las más de 20 denuncias realizadas desde ese entonces", indicó.
Por ese motivo, esta semana se constituyó como querellante de la causa, e indicó que además realizará presentaciones al Ministerio Público Fiscal para que se realice una investigación interna sobre por qué este hecho no fue investigado.
"Luego de la primera denuncia, fue amenazada permanentemente con 'sufrir tantas violaciones como fuera necesario' mientras ella siguiera denunciando, y así cumplieron. Tenemos constancia de entre 25 y 28 denuncias formuladas en distintas unidades judiciales, en el Polo de la Mujer y en la Fiscalía de Delitos Sexuales de Córdoba", explicó.
No obstante, a la hora de tomar medidas, según lo sumarios "solo se habrían dispuesto medidas de restricción que los agresores no cumplieron nunca: son personas de un mismo barrio que han venido persiguiendo a la víctima y a toda su familia, al punto de incendiarles la casa", dijo González Quintana.
"En este momento la víctima se recupera en su casa, con un apoyo terapéutico disciplinario del Polo de la Mujer, estuvo más de una semana en el Hospital de Urgencias con una historia clínica aterradora por las consecuencias físicas que sufrió esta mujer de 25 años en su cuerpo y por supuesto en su psiquis", indicó.
Aseguró que esta semana aportarán las pruebas faltantes para demostrar que participaron unas nueve personas, de las cuales solo tres están detenidas en un centro penitenciario de la ciudad.
La fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual del Primer Turno, Alicia Chirino, maneja la causa con total hermetismo e incluso, decretó el secreto de sumario.
"No hay respuesta que no sea el Estado, los compromisos no pueden quedar en fórmulas cuando en la práctica las estadísticas de violencia no bajan. Estuvimos al borde de lamentar una víctima fatal", concluyó el letrado.
Entrevista de Miguel Clariá.
