Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados comenzará a analizar este jueves el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo que establece un nuevo Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil, que prevé bajar la edad de imputabilidad de 16 a 15 años en los casos de delitos penados con más de 15 años de prisión.
En diálogo con Mesa de Café, la diputada nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) y presidenta de la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, Alejandra Martínez, dijo que en este tema tan trascendente “el Poder Ejecutivo ha contado con la opinión de académicos, expertos y gente de la Sociedad Civil, que trabajaron dos años para saldar una deuda de décadas respecto al Régimen Penal Juvenil”.
“Es un proyecto muy importante, hay otras iniciativas que referencian al tema de la edad y con visiones distintas. Lo importante es que no es lo único que se va a abordar sino la situación en su conjunto”, remarcó.
La legisladora aseguró que se pretende obtener “una mirada integral respecto a esta norma” porque la actual “no es fruto de un proceso democrático, sino que viene de la dictadura”.
“Ojalá estemos a la altura de las circunstancias, no es posible que no se pueda construir el consenso necesario para arribar a la norma de la democracia”, advirtió.
En sus puntos centrales establece la responsabilidad penal de los adolescentes, mayores de 15 y menores de 18 años, que hayan cometido algún delito reprimido con una pena máxima de 15 años de prisión o más en el Código Penal, es decir para delitos graves.
La iniciativa es el resultado de más de tres años de trabajo que involucraron -a partir de la participación en Justicia 2020- a más de 3.000 expertos de todo el país y miembros de la sociedad civil, en tanto una comisión redactora (de la que participó, entre otros, Unicef) preparó las bases del proyecto.
El texto, de más de 100 artículos, establece que en la aplicación de la ley se tendrá en cuenta el interés superior del adolescente que consiste “en garantizar el disfrute pleno y efectivo de los derechos reconocidos por la Convención sobre los Derechos del Niño y el desarrollo físico, mental, espiritual, moral, psicológico y social del adolescente".
Contempla además el acompañamiento individualizado de cada joven como establece el Plan de Seguimiento Integral, que estará a cargo de un referente de seguimiento, quien deberá garantizarle una transición hacia la vida autónoma, teniendo en cuenta su situación particular.
A través del proyecto, se fija con carácter excepcional la sanción privativa de la libertad "que sólo podrá imponerse cuando las medidas o sanciones socio-educativas y disciplinarias no resultaren adecuadas para los fines de esta ley o fracasen con anterioridad por razones imputables al adolescente".
Establece además que el cumplimiento de una medida de coerción o sanción privativa de la libertad se realizará en centros especializados de gestión pública cerrados o abiertos, cuyo personal deberá recibir capacitación periódica.
Asimismo, precisa que los equipos interdisciplinarios que funcionarán en esos centros estarán integrados por al menos tres profesionales de distintas disciplinas: pedagogía infantojuvenil, psicología, medicina, trabajo social, sociología, entre otras, y con capacitación en el área de justicia restaurativa, uno de los integrantes deberá ser trabajador social.
En este marco, Martínez sostuvo que actualmente “los menores inimputables pueden ser objeto de medidas de seguridad en función de lo que diga un juez y eso tiene un componente discriminatorio”, que es una deuda que este nuevo régimen viene a saldar.
“Lo que debo hacer es garantizar que esta comisión trabaje con gran amplitud de criterio y se puedan escuchar todas las voces para arribar a un dictamen que ojalá sea de consenso”, indicó desde su rol como presidenta de comisión.
Entrevista de Miguel Clariá.
