Auditoría en pensiones por invalidez: impacto en la población con discapacidad

La Dirección Nacional de Discapacidad, bajo la administración del Gobierno Nacional, está llevando a cabo una investigación y auditoría sobre un potencial fraude masivo relacionado con certificados de discapacidad y pensiones por invalidez.

El vocero presidencial Manuel Adorni, anunció el viernes pasado que se estima que en un solo año se desviaron alrededor de 3.400 millones de dólares.

En este marco, la abogada y especialista en derechos de la salud y discapacidad, Elizabeth Aimar, explicó en La Mesa de Café que las pensiones por invalidez están destinadas a aquellos que no pueden acceder ni al empleo ni a la cobertura social debido a su discapacidad. Sin embargo, advirtió sobre las dificultades para obtener estas pensiones y expresó su preocupación por los resultados preliminares de la auditoría actual.

"El tema es muy sensible porque representa a un sector excluido", advirtió y alertó que para las personas con discapacidad y sus familiares, lo que se dio a conocer "es algo terrible porque estás en una situación vulnerable y encima ahora pensando que quizás te pueden quitar la pensión".

Sobre las auditorías y su impacto en el sector dijo que "son buenas", pero pidió prudencia a la hora de difundir datos sin conocimiento, porque pueden generar mal interpretaciones por parte de la población que no vive de cerca la discapacidad.

"Las auditorías son necesarias para cuidar los fondos y deben hacerse", afirmó Aimar, pero aclaró: "Cuando no tenés la definitiva de estos datos procesados y la gente desconoce el tema de discapacidad, pensas que la vida de las personas con discapacidad es más sencilla. Si no es algo que te está atravesando tampoco te vas a ir a meter con eso y lo vas a tratar de esquivar".

En ese sentido, enfatizó sobre el costo elevado del cuidado para las personas con discapacidades severas: "Como mínimo una persona con discapacidad puede tener un costo mensual de asistencia social en cuanto a lo que es salud y rehabilitación de 2 millones de pesos" y recordó que uno de los beneficios de este tipo de pensiones es el acceso a un sistema de salud, que además es "muy burocrático".

Si bien Aimar respaldó la realización de auditorías para garantizar el uso adecuado de los fondos, instó a manejar los datos con cuidado debido a la naturaleza sensible del tema: "Ojo con cómo manejamos los datos, son datos sensibles porque nos estamos dirigiendo a las personas más sensibles".

"Tenemos un vocero que ha hecho denuncias sobre una auditoría. Ahora, ese es el relato, después yo necesito tener la prueba. Esto, si fuera cierto, es un espanto, pero tiene que probarse que sea cierto", enfatizó.

Por último, sobre el aumento de personas con discapacidad en el país detalló: "Las personas con discapacidad representan el 15% de la población mundial, pero no olvidemos que a mayor base de reconocimiento y derechos es lógico que se haya ampliado la base, de modo que hay más personas que tienen más derechos".

"Las auditorías, en mi opinión, están correctas, son necesarias, pero ojo como manejamos los datos que son sensibles porque nos dirigimos a grupos que no tienen acceso ni a la cobertura social ni al empleo", remarcó y concluyó: "No tapemos lo que siempre queda tapado: ¿Por qué se accede a una pensión? Quizás porque todo ese grupo no puede acceder a la situación del mercado laboral. Las personas con discapacidad no acceden al mercado laboral hoy".

Entrevista de Miguel Clariá