Iguales pero no tanto

Han pasado casi cuatro años desde la tragedia de las Altas Cumbres y, finalmente, hay una sentencia. Oscar González fue declarado culpable de homicidio culposo. Un juez encontró la forma de que la condena no lo envíe a prisión: un día menos. El expediente, sin embargo, deja al descubierto algo más profundo que un accidente de tránsito: la distancia real que separa a un ciudadano común de quien ha concentrado poder durante décadas.

Desde el primer momento se instaló el argumento oficial: hay que dejar actuar a la Justicia como con cualquier vecino. Esa frase suena impecable en abstracto. El problema es que Oscar González nunca fue un vecino cualquiera. Conducía un auto de alta gama concedido como privilegio, del que la propia pareja del exfuncionario reconoció que “era el auto que me quería quedar”. Circulaba con una licencia que no obtiene cualquier ciudadano. Después del siniestro, la policía no impidió que familiares se acercaran al vehículo y retiraran objetos. Ninguno de esos tratos especiales se aplica a un vecino de a pie.

Tampoco es habitual que una causa de esta gravedad demore cuatro años en establecer cuestiones mínimas. Menos habitual aún es el silencio casi absoluto de la política cordobesa. Ningún funcionario del oficialismo actual ni de gestiones anteriores se pronunció con claridad sobre el caso. Nadie lamentó públicamente la exhibición de privilegios que van desde el auto oficial hasta el no pago de estacionamientos en Nueva Córdoba. El argumento del “respeto a la Justicia” se sostuvo mientras no había sentencia. Ahora que la hay, ese argumento se agota.

González no era un desconocido que vivía en Traslasierra. Fue presidente de la Legislatura, ministro en varias oportunidades y durante tres décadas la referencia ineludible del peronismo en Traslasierra. Concentró poder político e institucional. Cuando alguien con ese historial aparece envuelto en una tragedia que deja muertos, la sociedad tiene derecho a exigir explicaciones que van más allá del expediente judicial. Explicaciones sobre el origen de los privilegios, sobre la naturalización de tratos diferenciados y sobre por qué la política cordobesa eligió el silencio.

La Constitución establece que todos somos iguales ante la ley. Es un principio fundante. Pero la igualdad formal se vacía de contenido cuando unos acceden a recursos, licencias y protecciones que otros no tienen, y cuando el sistema tarda años en responder. La sentencia confirma que hubo un crimen vial. Confirma, también, que existen ciudadanos a los que el poder les garantiza un margen de tolerancia que el resto de la población no conoce.

Ya no alcanza con decir que la Justicia debe actuar. Ahora que hay condena, los vecinos de Córdoba esperan que la política deje de fingir demencia y explique cómo se construyeron y se sostuvieron esos privilegios. Porque de eso se trata finalmente: de si la igualdad ante la ley es un principio real o apenas una frase que se repite mientras algunos resultan, una y otra vez, mucho más iguales que otros.

Por Miguel Clariá.