Luego de que el dirigente Juan Grabois alertara sobre la posibilidad de una oleada de toma de tierras por el hacinamiento y la preocupación del coronavirus y que el Gobierno nacional atribuyera esto a “situaciones delictivas”; la diputada nacional de Juntos por el Cambio, Adriana Cáceres, presentó un proyecto para elevar las penas por el delito de usurpaciones.
Incluso, el secretario de Coordinación de La Plata, Oscar Negrelli, dijo que en la ciudad se ven “bandas organizadas” detrás del fenómeno y también lo adjudicó al negocio, la política y el "progresismo tardío".
Al respecto, la diputada Cáceres indicó que al elaborar el proyecto mantuvo reuniones con propietarios que sufrieron la toma de sus terrenos y que en varios casos encontró detrás de este delito “un grupo organizado que tiene que ver con agentes inmobiliarios, abogados, escribanos, o funcionarios públicos, que buscan un rédito económico y juegan con la necesidad de la gente”.
“Me reuní con una vecina de Pilar, en Buenos Aires, y a ella, quien le usurpó su terreno era un comerciante que necesitaba ampliar su corralón. Le dijo ‘yo tengo contactos’ y esto muestra que son grupos organizados que buscan un rédito económico”, ejemplificó en diálogo con Radioinforme 3.
En cuanto a las penas, Cáceres recordó que actualmente este delito es excarcelable y la pena máxima es de hasta tres años, por lo que el proyecto que impulsa busca aumentar la condena a seis años en caso de terrenos o propiedades privadas y a ocho años en el caso de que sean usurpaciones en terrenos fiscales públicos o en viviendas sociales.
“Hoy no hay una pena contundente hacia este tipo de delito, pero cuando alguien roba un auto, sí. Si alguien usurpa tu terreno o propiedad es un delito excarcelable y por eso proponemos aumentar la pena”, argumentó la diputada.
Según un informe del ministro de Seguridad de Buenos Aires, Sergio Berni, hay cinco intentos de toma de tierras de manera ilegal cada semana en el Conurbano.
Además, en La Plata ya se registraron entre 18 y 22 intentos de usurpaciones este año, pero también hay focos en Florencio Varela, en Cañuelas, La Matanza y en los municipios de Pilar y de Presidente Perón. Y, con menos intensidad, entre los partidos de San Martín, Vicente López y Escobar.
“En la costa, hay varios vecinos que también están denunciando que han tenido usurpaciones. La gente al no poder ir a sus casas, se encontró con que otras personas se metieron e incluso los han desvalijados”, apuntó Cáceres.
Argumentó, también que en Rosario, concejales de Juntos por el Cambio denunciaron a una funcionaria que otorgó información sobre terrenos a grupos narcos, para que plantaran en esos lugares búnkers de venta de drogas.
“No vemos que se avance en medidas concretas para proteger y cuidar a los vecinos de estas situaciones. Tenemos que proteger a los vecinos y aumentar las penas”, subrayó.
“Sabemos que no es una solución en concreto, pero necesitamos avanzar y tomar una batería de medidas y vemos que aumentar las penas sería desalentar a estos grupos organizados para quienes hoy las tomas no tienen ningún costo”, concluyó.
Entrevista de Miguel Clariá.
