Para Petri, es un "retroceso" la abolición de los protocolos

El diputado de la Unión Cívica Radical, Luis Petri, criticó la decisión del Gobierno nacional de derogar los protocolos para el uso de armas de fuego que había implementado la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, al interpretar que las medidas actuales "benefician a la delincuencia".

"Es un giro de 180 grados. Nos llena de preocupación porque los resultados habían sido positivos: no solo bajó el delito, sino que hubo una reducción del narcotráfico. Las medidas de Patricia Bullrich daban un respaldo a las fuerzas de seguridad, y ahora esto se comienza a desandar", apuntó en diálogo con Miguel Clariá.

Explicó que la nueva resolución desconoce los principios básicos sobre el Empleo de Armas de Fuego por funcionarios de Naciones Unidas de 1990. "Los fundamentos de la derogación son muy graves. Es necesario establecer parámetros objetivos para evitar procedimientos judiciales por usar el armar de fuego. Ahora no hay certeza y desampara a las fuerzas", reiteró.

Opinó que el anterior protocolo despejaba las dudas sobre la reglamentación del uso de armas y enumeró: en caso de defensa propia o de terceros; peligro inminente de muerte o lesiones graves; para evitar un delito grave; para detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia; y para impedir su fuga.

Los argumentos del Ministerio de Seguridad indican que "autorizar la utilización del armamento letal ante el mero acaecimiento de una fuga, o de resistencia a una detención si quien lo hace no encuadra en una situación estricta de "peligro inminente" de ocasionar la muerte" -tal como indicaba el protocolo de Bullrich- atentaba "contra el principio de proporcionalidad y el de racionalidad del uso de la fuerza letal; principios que, junto con la excepcionalidad y la progresividad, rigen el accionar policial en el modelo de un Estado Democrático de Derecho".

"La habilitación del uso de armas letales por fuera de los principios de proporcionalidad, excepcionalidad, racionalidad y progresividad que deben regular su uso, configura una situación de riesgo para las personas víctimas de delitos, para personas ajenas al hecho y para los mismos integrantes de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad", advierte el texto.

Explica asimismo que "este uso ''irracional'' incrementa la violencia en los hechos delictivos", "convierte en extremo cualquier enfrentamiento" y "estimula, por ende, el uso de armas por parte del personal de las fuerzas policiales y de seguridad y por parte de quienes pretendan delinquir".

Entrevista de Miguel Clariá